La Confederación pide que las formaciones políticas incorporen a sus programas electorales medidas para garantizar los cuidados, eliminar las barreras económicas y asegurar la igualdad de derechos en todas las comunidades autónomas.
ConELA ha trasladado a las formaciones políticas un documento con diez prioridades para avanzar en la aplicación efectiva de la Ley ELA, con el objetivo de que sean incorporadas a sus programas de cara a las elecciones generales de noviembre de 2026.
Bajo el título «Ley ELA: del derecho reconocido al derecho efectivo», la Confederación recoge una serie de propuestas dirigidas a garantizar que los derechos reconocidos por la legislación se traduzcan en cuidados y apoyos reales para las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y sus familias.
Entre las principales reivindicaciones se encuentran la eliminación del copago para las personas con dependencia extrema (Grado III+), la compatibilidad de las ayudas para cuidados con la prestación para cuidados en el entorno familiar (PCEF) con una prestación mínima de 3.200 euros mensuales, y la garantía de atención domiciliaria continuada, hasta 24 horas al día, cuando sea necesaria.
ConELA también plantea agilizar el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad desde el diagnóstico, evitar que las familias tengan que adelantar el coste de los cuidados y garantizar el acceso a la fisioterapia domiciliaria.
A estas propuestas se suman la regulación de la protección del suministro eléctrico para las personas que dependen de equipos médicos esenciales, la formación especializada de los profesionales que prestan cuidados, el refuerzo de la protección social y laboral de las personas cuidadoras familiares y el impulso de las reformas legislativas pendientes.
Del reconocimiento de derechos a su aplicación real
La aprobación por unanimidad de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, supuso un avance fundamental para las personas con ELA y sus familias. Sin embargo, dos años después, ConELA insiste en la necesidad de completar su desarrollo y garantizar que los derechos reconocidos se hagan efectivos en todo el territorio, independientemente del lugar de residencia o de la situación económica de cada persona.
“La Ley ELA supuso un avance fundamental, pero no podemos quedarnos únicamente en el reconocimiento de derechos. Las personas con ELA necesitan que esos derechos lleguen a sus hogares, que los cuidados estén garantizados y que su acceso no dependa de dónde viven ni de sus recursos económicos. Eso es lo que pedimos con estas diez propuestas”, señala José Jiménez Aroca, presidente de ConELA.
Con este documento, la Confederación solicita a todas las formaciones políticas que incorporen estas prioridades a sus compromisos para la próxima legislatura y manifiesta su disposición a mantener reuniones de trabajo para avanzar en su desarrollo.
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