
Dos años después de su aprobación, la Confederación presenta su segundo informe de implementación y reclama que los derechos reconocidos se traduzcan en cuidados reales, suficientes y accesibles para todas las personas con ELA.
La Sala Constitucional del Congreso de los Diputados ha acogido el pasado viernes 13 de noviembre la jornada «2 años de Ley ELA: del derecho reconocido al derecho efectivo», organizada por ConELA para evaluar los avances y los retos pendientes en la aplicación de la ley.
El encuentro ha reunido a personas afectadas por ELA, familiares, representantes del movimiento asociativo, responsables institucionales y representantes políticos, con un objetivo común: avanzar hacia una aplicación efectiva de la Ley ELA que garantice los mismos derechos con independencia del lugar de residencia.
El código postal sigue marcando diferencias
Uno de los momentos centrales ha sido la presentación, a cargo del presidente de ConELA, José Jiménez, del Segundo Informe de Evaluación de la Implementación de la Ley ELA. El documento refleja avances importantes en el despliegue de la norma, pero también desigualdades que continúan condicionando el acceso a las prestaciones y los cuidados.

Según el seguimiento realizado por las asociaciones de ConELA, de las 756 resoluciones de dependencia analizadas, 410 se habían traducido en cobros o servicios efectivos, el 54,23 %.
El informe también identifica diferencias territoriales en los copagos, los sistemas de abono de las prestaciones y su compatibilidad con otras ayudas. En algunos territorios, las familias deben adelantar miles de euros para contratar unos cuidados que ya tienen reconocidos.
A ello se suman la falta de profesionales con formación específica para atender a personas con ELA avanzada y la insuficiente cobertura pública de fisioterapia domiciliaria. Durante el último ejercicio, las asociaciones asumieron 23.439 sesiones de fisioterapia, con un coste estimado de 1,17 millones de euros.
Durante su intervención, José Jiménez insistió en que los distintos modelos de gestión autonómica no pueden traducirse en diferentes niveles de protección para personas con las mismas necesidades.
Compromiso político y realidad de las familias
La jornada contó con la participación de Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, y una primera mesa de diálogo con representantes políticos, moderada por Esther Ruiz, en la que se abordaron los compromisos necesarios para culminar el desarrollo de la ley y garantizar la equidad territorial.
El escritor y periodista Martín Caparrós, afectado por ELA, intervino también para recordar la urgencia con la que viven las personas que padecen esta enfermedad y la necesidad de que los derechos lleguen a tiempo.
La segunda mesa, «La realidad en los hogares: barreras y tiempos», moderada por María Giménez, permitió escuchar las experiencias de Lola Dorado, Damián Guerao, Tatiana Badiola y Teresa Pérez.
Sus intervenciones pusieron de manifiesto las dificultades para organizar los cuidados continuados, especialmente en el medio rural, la carga económica y emocional que asumen las familias y la necesidad de reducir los trámites y las esperas administrativas.
La jornada concluyó con la participación de José Luis Capitán, Capi.
Del derecho reconocido al derecho efectivo
ConELA reconoce el avance que ha supuesto la aprobación de la Ley ELA y su desarrollo normativo, pero recuerda que todavía quedan obstáculos importantes para que su aplicación tenga el mismo alcance en todo el territorio.
Rapidez, suficiencia e igualdad siguen siendo los tres grandes retos: que los apoyos lleguen a tiempo, que permitan cubrir las necesidades reales de atención y que ninguna persona vea condicionados sus derechos por su código postal o su capacidad económica.
La Confederación mantiene su disposición a trabajar con todas las administraciones y fuerzas políticas para completar la implementación de la ley y garantizar que se convierta en una mejora real de la vida de las personas con ELA y sus familias.






